BOGOTÁ Y LA RAP-E ARTICULAN PLAN DE SEGURIDAD HÍDRICA EN LA REGIÓN CENTRAL

El Eje de Sustentabilidad Ecosistémica y Manejo de Riesgos de la RAP-E expuso el Plan de Seguridad Hídrica ante funcionarios de la Alcaldía de Bogotá, uno de los territorios asociados a la entidad.

Ante la secretaria de Medio Ambiente de Bogotá, Carolina Urrutia; el subsecretario, Julio César Pulido, y funcionarios de la Dirección de Gestión del Ordenamiento Ambiental y Territorial de la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR), fueron socializados los avances alcanzados en el Plan de Seguridad Hídrica (PSH) de la Región Central, con el que se busca asegurar la disponibilidad del recurso a los 15 millones de habitantes de los territorios asociados a la RAP-E (Bogotá, Boyacá, Cundinamarca, Huila, Meta y Tolima).

Con aprobación fueron recibidos los datos del PSH proporcionados por Carlos Barragán, líder del Eje de Sustentabilidad Ecosistémica y Manejo de Riesgos de la RAP-E, entre los que se encuentran:

  • Seis esferas de análisis
  • Índice de Seguridad Hídrica, con 24 variables
  • Componente programático, con tres líneas estratégicas
  • Siete proyectos
  • 21 líneas de perfiles

En este sentido, la secretaria Carolina Urrutia confirmó el respaldo irrestricto a la iniciativa de la primera entidad de carácter suprarregional del país, asegurando que, con proyectos como este, se refuerzan y complementan planes del Distrito que apuntan en la misma dirección, tales como el “Visor Geográfico de los puntos de monitoreo de calidad del agua”, a través del cual los ciudadanos pueden conocer la ubicación y estado de las cuatro principales cuencas hidrográficas de la Capital de los colombianos.

Al finalizar del encuentro, Carlos Barragán anunció que: «como parte de este compromiso, no solo el de tener el Plan de Seguridad Hídrica formulado, vamos a empezar la implementación; y uno de estos componentes estará enfocado, gratamente, a los temas de incentivos a la conservación, pago por servicios ambientales. El Distrito y la RAP-E aunarán esfuerzos económicos, por más de $1.000 millones, para llevar este tipo de estrategias a las comunidades que viven y dependen de estos ecosistemas”.

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